Según informa hoy el diario EL MUNDO.
El grifo del dinero público se ha cerrado por culpa del déficit y amenaza con dejar secos a unos actores inesperados: la patronal y los sindicatos. Tanto unos como otros están sufriendo en sus carnes las mismas medidas sobre las que negocian a diario. También las que rechazan abiertamente. Así, mientras la CEOE está pagando 45 días por año de indemnización por despido, CCOO y UGT optan por la congelación salarial e incluso por los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) para salvar los recortes en subvenciones decretados por algunas comunidades autónomas.
«Esto no es una empresa», asegura el secretario de Organización de UGT, José Javier Cubillo. «La austeridad», añade, «forma parte de nuestra cultura; ahora lo que hay es más nivel de exigencia, más vigilancia». Pero lo cierto es que el ajuste autonómico está obligando a los sindicatos a vestirse de empresarios y gestionar la caída de ingresos adoptando medidas extrañas a su filosofía e historia.
En Castilla-La Mancha, UGT presentó en octubre un ERE para despedir a 16 trabajadores por causas organizativas, técnicas y de la producción. Cuatro meses antes, en junio, CCOO presentó dos ERE en 15 días: el primero para reducir jornada a 16 trabajadores y suspender de empleo durante seis meses a otros 54 de la Fundación Forem de formación; el segundo, para despedir a 15 y suspender durante medio año a 22 más. En Navarra, otro ERE dejó en enero sin trabajo a 19 empleados de UGT, a los que ofreció 20 días por año trabajado si se integraban en una bolsa de trabajo. En caso de no encontrar otro empleo, la indemnización alcanzaría los 37 días.
Aunque no han calculado el importe de dinero público que han dejado de percibir, los sindicatos son víctimas de la ruptura unilateral de acuerdos con las comunidades autónomas –como ha ocurrido en Madrid, aseguran–, así como de la supresión de programas sociales de formación y asesoramiento a inmigrantes o para la búsqueda de empleo, pero también del retraso en el pago de otros ya en marcha, lo que les supone un coste añadido en intereses bancarios. Muchos de esos servicios, sencillamente, han de- jado de prestarlos por falta de presupuesto.
En Baleares, la negativa del Gobierno del PP a pagar siquiera el dinero por la representación obtenida en las elecciones sindicales ha obligado a CCOO a recortar la jornada –y el sueldo– en un 34% a 12 trabajadores. En Murcia, el sindicato ha reducido a la mitad la jornada laboral del 50% de la plantilla de su fundación de formación y la otra mitad está suspendida de empleo hasta el 2 de enero. Las bajas incentivadas fueron la fórmula empleada en UGT de Cataluña para afrontar la caída de ingresos, mientras que en UGT Madrid se estudian aún las medidas que deberán tomarse para cuadrar las cuentas.
Un ‘despido exprés’ en la FSP de Madrid.
Un ‘despido exprés’ en la FSP de Madrid.
La Federación de Servicios Públicos de UGT de Madrid despidió el 30 de septiembre a una de sus abogadas, Pepa Guerrero. Le dieron 45 días por año trabajado alegando un despido disciplinario que no era tal. «Me dijeron que era cara», asegura. Es afiliada y llevaba en el sindicato desde 1996; era indefinida desde 2007.
Ese mismo día se comunicó al personal de la FSP madrileña un recorte salarial del 15%, producto de reducir a la mitad las tardes de trabajo a la semana y sus consiguientes dietas.
